Por: Human Rights Watch
Denuncias de Asesinatos, Detenciones, Cierre de Medios
Cortesía: Rodrigo Abd
Las denuncias de violencia por fuerzas de seguridad venezolanas en el marco de las manifestaciones en contra del gobierno aumenta el temor de graves y generalizadas violaciones de derechos humanos contra opositores en los próximos días, dijo Human Rights Watch hoy.
El 1° de mayo de 2019, las autoridades venezolanas respondieron a manifestaciones masivas en apoyo a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional que está desafiando el poder de Nicolás Maduro en Venezuela, con violencia y detenciones generalizadas, incluyendo violencia dirigida contra periodistas que cubrían las protestas, según medios de comunicación y organizaciones venezolanas. Desde que Guaidó anunció el 30 de abril que comenzaba un levantamiento cívico y militar, las autoridades también sacaron del cable a dos canales internacionales de noticias y del aire a una de las principales radios venezolanas.
“Estamos extremadamente preocupados por la violenta respuesta de las autoridades contra los manifestantes que salieron a las calles a protestar esta semana”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Las autoridades venezolanas deben recordar que la comunidad internacional está observando de cerca sus acciones y los responsables serán eventualmente llevados ante la justicia por los abusos que cometan contra detenidos o manifestantes pacíficos”.
Varios activistas y periodistas venezolanos indicaron a Human Rights Watch y a través de medios de comunicación que las fuerzas de seguridad han disparado perdigones a quemarropa contra manifestantes en algunos casos y que grupos armados, llamados “colectivos” en Venezuela, dispararon con armas de fuego en otros. Imágenes que circularon ampliamente por las redes sociales, y fueron confirmadas por periodistas locales, muestran un vehículo blindado de la Guardia Nacional Bolivariana atropellando a manifestantes el 30 de abril.
Los incidentes dejaron decenas de personas heridas, según las denuncias, y Unicef citó reportes preliminares que indican que hay niños entre los heridos. Al menos cuatro muertes fueron reportadas, incluyendo de un niño de 14 añosque estaba participando en una manifestación en Caracas. Human Rights Watch revisó imágenes de fotografías que serían de una de las víctimas, que muestran que tenía una herida de bala en la cabeza. La víctima habría sido asesinada por colectivos, según fuentes de prensa.
La prestigiosa organización Foro Penal reportó que al menos 240 personas, incluyendo 17 menores de edad, fueron detenidos desde el 30 de abril en Caracas y 13 de los 23 estados del país.
El 30 de abril, las autoridades venezolanas quitaron a CNN y a la BBC de la televisión por cable y sacaron del aire a Radio Caracas Radio. Permanecen fuera del aire. Prestigiosas organizaciones que trabajan sobre la libertad de expresión en el país, tales como Espacio Público, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa e IPYS Venezuela, denunciaron amenazas de muerte y ataques contra periodistas que cubrían las manifestaciones, incluyendo golpizas y disparos de perdigones a corta distancia. Además, NetBlocks, una organización que monitorea limitaciones en el acceso a Internet, reportó que la compañía estatal CANTV había limitado acceso a plataformas para la transmisión de videos en vivo mientras Guaidó hablaba en una de las manifestaciones del 30 de abril.
El 1° de mayo, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU sostuvo que están “extremamente preocupados por las informaciones acerca del uso excesivo de la fuerza por fuerzas de seguridad contra manifestantes” en Venezuela.
El 30 de abril, Maduro volvió a nombrar a Gustavo González López como director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) para reemplazar al director anterior, General Manuel Ricardo Cristopher Figuera, luego de que éste cuestionara a Maduro. Cuando González López dirigió el SEBIN, entre 2014 y 2018, los agentes del SEBIN participaron en arrestos arbitrarios y abusos contra detenidos que incluyeron torturas.
“El nombramiento de González López debería encender las alarmas internacionales debido a su deplorable récord de atrocidades en el pasado”, dijo Vivanco.
