Publicado en Analítica
En Venezuela, los rumores se propagan como gases mefíticos y la gente -o al menos algunos- cree a pie juntillas, que son tan ciertos como que el sol sale cada día por el este y se pone por el oeste.
El rumor preferido ahora es el de una inminente intervención militar liderada por los Marines norteamericanos y secundada por tropas colombianas y brasileñas. Incluso los propagadores de la noticia hablan de contingentes concentrados en Panamá esperando que se encienda la luz verde para actuar.
Eso sí, no le hacen ningún caso a las declaraciones de los ministros de Colombia y de Brasil que niegan toda posibilidad de intervención militar en nuestro país, así como las tajantes palabras del canciller de México expresando la inadmisibilidad de ese tipo de acciones, en la actualidad, en nuestro hemisferio.
En el pasado, las intervenciones militares, como la del caso Noriega en Panamá, o en Grenada, fueron casos excepcionales y en una época anterior a la costosa e ineficaz invasión a Irak. Hoy, los estados disponen de instrumentos menos costosos en vidas humanas y en recursos financieros, que logran resultados de manera más eficiente, de trata de sanciones económicas coordinadas entre EEUU y Europa y han funcionado, en el caso de Irán al detener lo que estaba intentando lograr para crear Armas nucleares, o la presión internacional que forzó a De Clerck en Suráfrica a pasarle el mando del país a Nelson Mandela, o, más recientemente, a los militares de Myanmar a entregarle el poder a Aung San Suu Kyi .
La solución a la crisis venezolana dependerá en gran parte del apoyo internacional y de las sanciones al régimen, pero estas por sí solas no servirán si la población opositora no actúa de manera coherente en su rechazo a las acciones ilegales y anticonstitucionales del gobierno y deje de avalarlas.
Estamos en una etapa crucial en la lucha por la recuperación de la democracia en nuestro país, y debemos actuar en consonancia con los términos claros y precisos establecidos en nuestra Carta Magna, y no buscar atajos, de cualquier naturaleza, que socaven los principios fundamentales de lo que debe ser un sistema basado en la institucionalidad.
