Por: Elsa Solorzano
La corrupción se asoma en estos días en abundantes noticias. La muestra
cercana más reciente de escándalos es tan diversa como las reacciones de los gobiernos, y al juntar lo uno y lo otro se revelan los trazos más y menos gruesos de una línea de pobreza que alcanza entre nosotros cotas sin precedente, mucho más altas que las del empobrecimiento material, que ya es bastante.
El caso que involucra a Petrobras en sobornos millonarios, con sus 4.000 millones de dólares, equivale a casi diez veces lo calculado para el caso del “Mensalão”, la operación de compra de votos que llevó a prisión a personas de primera fila del gobierno, el partido y la alianza de Lula da Silva. Los ilícitos del caso “Lava-jato”, que involucran a partidos políticos y empresas constructoras de grandes obras de infraestructura entre 2003 y 2012, se produjeron siendo Dilma Rousseff ministra y miembro del directorio de Petrobras y, luego, bajo su primera presidencia. La señora Rousseff ganó la reelección conociéndose ya las primeras pistas sobre el proceso judicial que hasta ahora suma dieciocho detenciones y algunas devoluciones de dinero. Si algo la ayudó y sigue ayudando es que no ha descalificado la denuncia que tan cerca la toca en un momento delicado y ha mostrado respeto por la actuación independiente de la justicia.
En México, en torno a las desapariciones, muertes y fosas de Iguala, se han revuelto graves denuncias de corrupción: desde la asociación de las autoridades civiles, policiales y militares con el crimen organizado, hasta las que han obligado al Presidente a publicar su declaración jurada y a la señora de Peña Nieto a dar explicaciones sobre sus propiedades. Oscuridades y opacidades por aclarar quedan muchas, pero lo cierto es que la presión interior y exterior han hecho costosa para el gobierno mexicano la posibilidad de colocar tales asuntos en segundo plano o disolverlos en rutinas burocráticas y promesas huecas.
Las acusaciones sobre las conexiones entre la empresa que maneja los hoteles de la familia Kirchner y las actividades de una empresa constructora lucen de escala menor a primera vista: falta de balances e información sobre los miembros de su directorio. Pero el caso apunta a lavado de dineros públicos, de modo que revuelve la cuestión del ostensible enriquecimiento familiar durante los mandatos de la señora Fernández y su marido. En lugar de propiciar la investigación y actuación judicial que aclare, su equipo ha optado por profundizar el enfrentamiento de poderes, confirmando así el empobrecimiento institucional argentino, esa terrible faceta que acompaña a las pretensiones del poder absoluto.
En esta lista de países, de malos a peores en cuanto a daños materiales e institucionales de la corrupción, noticias recientes confirman el pésimo lugar de Venezuela: desde lo de seguir necesitando e inflando el salvavidas chino, pasando por el irritante y revelador caso de la niñera, la sordera a las recomendaciones y peticiones internacionales de liberación de estudiantes, alcaldes y dirigentes políticos presos sin fundamento, los nuevos casos contra parlamentarios, la reiteración de la grave acusación contra María Corina Machado y la continuación del desastre en la cárcel de Uribana. La pobreza más grave que padecemos no es la que resulta de la dilapidación y apropiación privada de la abundancia, sino la destrucción de las instituciones de representación, contraloría y justicia.
