El primo de un amigo de mi marido: Un día Juan recibió un papelito 
con el logotipo de Corpoelec en el cual se le anunciaba que, de no cancelar la deuda de Bs.61,00, le sería desconectado el servicio en su negocio. Como no había servicio de internet en su Caripe, hombre responsable, invirtió los Bs. 120,00 del coste del transporte para ir a las oficinas correspondientes para saldar lo adeudado. Juan vive y trabaja en las afueras de la población de Caripe. Al arribar al local de Corpoelec, la empresa no tenía fluido eléctrico, lo cual imposibilitaba toda gestión por ante esa instancia. No hubo funcionario alguno que supiere informarle para cuándo estaría operativa la oficina. Claro, su negocio solo resultaba barco parado. Así, el tiempo apremiaba. Vio entonces que en las afueras deambulaban personas. Se acercó y trató de indagar qué hacer. Un hombre se identificó como cobrador de la empresa. Juan se metió la mano en el bolsillo, sacó un billete de 100,00 y junto con el papelito de aviso, entregó ambos al cobrador y le pidió que le hiciera la caridad de cancelar la deuda. Esperemos que lo haya hecho. Entre transporte, deuda y ñapa para el cobrador, a Juan la gracia le costó Bs. 220,00 más las horas hombre desperdiciadas.
Ciudadanos inhabilitados: El día 27 de abril se dio inicio a la recolección de firmas para expresar la voluntad de un número mínimo de electores debidamente inscritos en el REP. había de colectarse poco más de 195 mil rúbricas. Las planillas en los centros habilitados se saturaron en horas. Los electores inundaban la escena. Entre esos miles, y a la postre 2 millones, que acudieron a estampar su firma se contaron un cierto número de militares. No sé cuántos, pero por las redes circularon fotos en las que pudimos observar con claridad meridiana a efectivos uniformados rubricando. Para nuestro asombro, el alcalde del Municipio Libertador, Jorge Rodríguez, en un acto encabezado por el presidente Maduro en la localidad de Juan Griego en la isla de Margarita, dijo que los militares no están habilitados para firmar expresando su voluntad para la activación de un referéndum revocatorio del mandato presidencial actual. El alcalde de la sufrida ciudad de Caracas es incompetente y de verbo insultante, pero a pesar de ser calvo no tiene un pelo de bruto. Segura estoy que sabe bien sobre el principio que establece que «quien puede lo más, puede lo menos». Es decir, si a partir de la Constitución de 1999, refrendada en 2007, un militar puede ejercer el derecho al voto, por el citado principio obviamente está en todo su derecho, si así es su libre deseo, para firmar por la iniciación del dispositivo revocatorio. Jorge Rodríguez, quien fue además rector del CNE por varios años, sabe que ha dicho una salvajada. Si los militares votan, los militares también pueden firmar.
¿¡Fuera!?: Lo dijo Diosdado Cabello. Que los funcionarios que firmaron no tienen derecho a seguir en la administración pública. Pues toca explicarle al autor de semejante salvajada la situación. En la administración pública existen fundamentalmente dos tipos de funcionarios: los de carrera y los de libre nombramiento y remoción. Los primeros no pueden ser despedidos de sus empleos por su posición política. De lo contrario, cada gobierno cambiaría a toda la pléyade de empleados que atienden la función pública, con el consiguiente desastre funcional. Los segundos, que son minoría numérica, es lógico que cambien con cada administración. Pero si un empleado público de libre nombramiento y remoción hace bien su trabajo, pasarle factura por haber manifestado su voluntad de activar un referéndum revocatorio es, no sólo un disparate mayúsculo, sino un delito, que espero que los sindicatos que protegen a la administración pública apunten al más alto nivel. Se llama administración pública, no administración política. Ah, lo mismo aplica a los empleados de la empresas del Estado.
Aumento con mala índole: En ningún momento los dirigentes de la oposición han hablado de 3 millones de firmas. Tal cifra ha sido voceada por el tan venido a menos diputado Diosdado Cabello, por el alcalde de la sufrida Caracas Jorge Rodríguez y por los anclas de los canales de televisión bajo égida del PSUV. Henrique Capriles, gobernador de Miranda, Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacional y jefe de la Bancada de la Unidad, Chúo Torrealba, Secretario de la MUD, principales voceros del proceso revocatorio, nunca han declarado una cifra superior a dos millones de firmas. De hecho, el primer día de entrega al CNE, las cajas contenían 1 millón 800 mil firmas. El segundo día se entregó un remanente de 200 mil. Seguramente si el proceso de recolección hubiese sido alargado, la cifra hubiese aumentado. Es un truco salvaje que el gobierno usa para luego decir que la oposición mintió.
La nada, fuera de aquí y arrase: El presidente Maduro nos ha «honrado» a la isla de Margarita con su visita en los últimos días. Primero vino a «activar» el motor Turismo. El acto se realizó en Playa El Agua, donde hace meses fueron derruidos establecimientos de servicios y lejos se está de completarse algún tipo de nuevas estructuras. Nada había entonces que inaugurar. Nada por lo cual cortar una cintica tricolor o echar pétalos de bautizo. En esa visita pasaron varias cosas salvajemente insólitas. En primer lugar, Playa El Agua fue desalojada de visitantes. Eso incluyó a turistas, nacionales y extranjeros, que no pudieron disfrutar de la playa. Se alegó qu él presidente estaba amenazado de un atentado. Los vendedores ambulantes, esos que venden empanadas, rompecolchón y una lista de peroles (collarcitos, lentes de sol, pareos, etc) también fueron exilados. Pero hubo más. La nutrida comitiva que vino con el primer mandatario, mientras el susodicho estaba en el acto, se dedicaron a «visitar» los mercados y, con independencia del número terminal de su cédula, ejercieron salvajemente su poder y, cual ejército de ocupación, compraron los escasos bienes que van quedando en una isla que vive su peor momento de desabastecimiento. La visita presidencial causó el disgusto popular. No sabemos si la consigna «que se vaya» se refería a que abandonara la isla o Miraflores.
Verja y santo y seña: Me cuenta una doñita que vende café por allá por los lados del Palacio Legislativo que cada vez que hay sesión de cámara de la Asamblea Nacional, tempranito llegan una suerte de bandas cuya responsabilidad es atormentar, insultar, abuchear, agredir y, si posible, ejercer violencia física contra los diputados de la bancada de unidad, sus asistentes y cualquier periodista que huela a no sumisión al rojismo. Que no ser rojito es, a según esos malhechores tarifados, un delito de traición a la patria. Pero como muchos de los diputados de la bancada del gran polo patriótico son nuevos o no conocidos -y menos sus asistentes-, éstos tienen que cantar un santo y seña, que se cambia para cada sesión. Así las cosas, llegar a la verja de entrada a los espacios del Palacio es una auténtica hazaña.
Las sociedades civilizadas se caracterizan por el respeto que los que están en posiciones de poder ofrecen al ciudadano, por el servicio público eficiente y de calidad, por el no abuso del poder y por gobiernos que no mienten. En las sociedades salvajes priva el poder de unos pocos sobre las grandes mayorías, los gobiernos recurren a la mentira como acto común y el Estado inventa argumentos inválidos.
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