El 10 de septiembre de 2015, en Venezuela y el mundo entero, se conoció la sentencia dictada por un tribunal 
venezolano en contra del líder opositor Leopoldo López. Una sentencia, vinculada directamente con los conocidos y escrutados hechos que enmarcaron las fuertes protestas acaecidas en Caracas y las principales ciudades del país, en contra del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro durante el mes de febrero 2014.
Sin duda alguna, un mes cargado de informaciones que le dieron la vuelta al mundo y marcaron un punto de inflexión importante, en la imagen y el posicionamiento internacional del estado venezolano y su democracia. La poca o casi inexistente cobertura, que le dieron los medios de comunicación venezolanos a los sucesos de aquellos días aciagos, fue la primera gran alarma para la comunidad internacional. De no ser, por las redes sociales y algunos medios de comunicación extranjeros; ni los mismos venezolanos hubiéramos tenido conocimiento del verdadero alcance de las protestas y la represión desatada por los organismos de seguridad del Estado. Pertinentes, resonantes y oportunas fueron las interrogantes acerca de ¿Qué pasa con los medios de comunicación en Venezuela?, ¿Dónde quedó el deber de informar y el derecho a estar informado?
Interrogantes todas, que encontraron inmediatamente un fuerte lazo con el sensible tema de los Derechos Humanos en el país. Viejas denuncias sobre los ataques a la libertad de expresión, libertad de circulación, derecho a la vida, garantías del debido proceso, e inclusive, la existencia de bandas armadas que actúan con la anuencia y hasta el acompañamiento de los organismos de seguridad del estado venezolano, encontraron innumerables pruebas documentadas en fotografías y videos, que generaron una verdadera conmoción en la opinión pública internacional; la cual inmediatamente comenzó a expresarse en las voces de connotadas personalidades como el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, su homólogo en la Organización de Estados Americanos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión y el Parlamento Europeo y hasta el Papa Francisco.
La fuerza de tales pronunciamientos abrió el camino para el anuncio de investigaciones a ciertos funcionarios venezolanos por sus actuaciones en la represión de las protestas; sin embargo, los resultados de muchas de tales investigaciones aún son aguardados con curiosidad y deseos de justicia por parte de las víctimas, sus familiares y millones de venezolanos que deseamos rescatar nuestra credibilidad en las instituciones del país. La mora en la respuesta del estado venezolano, a varias de las denuncias y evidencias de violaciones de derechos humanos que le dieron la vuelta al mundo, también coadyuva a mantener vigente en la memoria colectiva aquel febrero del 2014.
Ese mes también se recordó con vehemencia en Diciembre del mismo año, cuando el Congreso de los Estados Unidos de América, aprobó la “Ley en Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela”, en la cual se condenaron las actuaciones del Estado venezolano durante los ya mencionados sucesos, y además se pidieron sanciones específicas a ciertos funcionarios públicos. Pocos meses después en marzo 2015, el Presidente Barack Obama firmó una muy polémica Orden Ejecutiva, en la que se hizo mención a la situación en Venezuela, y se habló de una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos” definiendo ese calificativo como “la erosión de las garantías de derechos humanos, la persecución de opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones y abusos de los derechos humanos en respuesta a las protestas contra el gobierno, y el arresto arbitrario y la detención de manifestantes que están en contra del gobierno, así como la presencia exacerbada de corrupción pública significativa”
Aún cuando se trató de un acto interno de los Estados Unidos de América, su impacto inmediatamente se internacionalizó, y se afianzó en el discurso de quienes más allá de las fronteras venezolanas, han venido cuestionando acciones gubernamentales como la detención de Leopoldo López y el Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma, o la grave crisis económica que el Gobierno resume como “Guerra económica”.
Más allá de una serie de eventos que se han venido produciendo en los últimos meses, resulta innegable que la imagen del Estado venezolano, y más particularmente, la de su Gobierno, ha sufrido un incuestionable revés desde aquel febrero 2014. No obstante, la historia aún parece lejos del final, porque febrero volvió a ser noticia con la sentencia en contra de Leopoldo López, en medio de fuertes denuncias sobre las irregularidades cometidas a lo largo de 19 meses de proceso judicial, con lo cual, nuevamente, el Gobierno y sus instituciones son noticia a nivel internacional. Muchos han recordado y retransmitido las posiciones adelantadas manifestadas por representantes de los diversos poderes públicos venezolanos en torno al caso López, como si se tratara de una decisión “sugerida” o “determinada” por instancias ajenas al poder judicial.
Indiscutiblemente, un añadido más, a favor de quienes alertamos acerca de la precariedad institucional del estado venezolano, agravada en los actuales momentos, debido a lo que internacionalmente representa la declaratoria de “inejecutable” del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación al caso de RCTV, o las denuncias ante la Corte Penal Internacional, a altos funcionarios del Gobierno nacional.
Todo lo anterior, induce a preguntarnos: ¿Hasta cuándo y hasta dónde van a llegar los coletazos de ese largo febrero?
Un comentario
Muy claro y sin apasionamientos el artículo de Giovanna De Michele