Publicado en: Al Navío
Por: Pedro Benítez
Otrora orgullo nacional como la empresa estatal mejor administrada del mundo y la cuarta entre las transnacionales petroleras por encima de Pemex y Petrobras, los 18 años de revolución chavista han descapitalizado humana, financiera y tecnológicamente a PDVSA. Pero además, el propio Nicolás Maduro admite hoy la corrupción sistémica que la envuelve.
Hace poco más de un año, octubre de 2016, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora presentó luego de varios meses de recopilación el “informe final” sobre las presuntas irregularidades administrativas ocurridas en Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) entre 2004 y 2014, época en la cual el actual embajador de Venezuela ante Naciones Unidas (ONU), Rafael Ramírez fue su presidente y al mismo tiempo ministro de Petróleo.
Según el informe parlamentario en ese periodo se habría desfalcado a la empresa un monto superior a los 11.000 millones de dólares en diversas operaciones. El presidente de la comisión, el diputado Freddy Guevara, lo calificó como “el caso de corrupción más grande de la historia de Venezuela”.
Por primera vez en la era chavista un poder público investigaba y denunciaba al sector clave de la economía venezolana y del régimen, la todopoderosa PDVSA. Hasta ese momento los señalamientos desde la opinión pública por corrupción o manejos cuestionables contra la gestión de la estatal petrolera eran abundantes. Incluso habían sido objeto de documentadas investigaciones, para destacar dos: Chavismo, poder y dinero del periodista y ensayista Juan Carlos Zapata y El gran saqueo, escrito por Carlos Tablante y Marcos Tarre.
Contrataciones por sobornos; manejo irregular de los recursos destinados al mantenimiento de refinerías (motivo por el cual el sistema de refinación ha colapsado); desfalco del fondo de pensiones de los trabajadores de PDVSA; compras con sobreprecio de taladros importados de China; así como las importaciones también con sobreprecios de plantas eléctricas durante el inicio de la crisis del sector en Venezuela; son sólo algunos de los casos denunciados durante la gestión de Rafael Ramírez.
Pero hay otros dos notables que por su magnitud hacen inexcusable la responsabilidad de Ramírez: la asignación millonaria de pólizas de seguro a su primo Diego Salazar y el manejo de la tesorería de exportación de la corporación (de los crudos que no se despachaban a Estados Unidos) en el banco portugués Espíritu Santo, institución de alto riesgo que no tenía la solvencia adecuada para la magnitud de esas operaciones.
En julio de 2014 Espíritu Santo quebró. Nunca se investigó, ni la directiva de PDVSA aclaró, los montos que se perdieron allí. Se estima que la estatal tenía colocados 1.000 millones de dólares en notas estructuradas en el banco portugués. Todos estos escándalos nunca fueron objeto de investigaciones oficiales hasta que la oposición ganó la mayoría de las bancas de la AN.
Sin embargo, paralelamente a la acción contralora de la AN, la Sala Constitucionaldel Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió un recurso interpuesto por la representante legal de Ramírez contra esa investigación y en cuestión de días resolvió suspender “los efectos de la investigación” iniciada. Un manto de impunidad cubría la cuestionada gestión.
No obstante, un año después el tema da un giro espectacular en manos del Fiscal General de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek Wiliam Saab. Este es un aliado político cercano al presidente Nicolás Maduro, quien ha empezado sus propias investigaciones e imputaciones en las que han sido destituidos y detenidos 42 empleados (de ellos siete son altos gerentes) de la Dirección de Exploración y Producción de PDVSA Oriente, por distintos delitos. Además de seis directivos de Citgo, filial norteamericana de la estatal, incluido su presidente, capturados en Caracas por la policía política.
Estos procedimientos de Saab han contado con todo el apoyo de Maduro, que se apresuró a designar un nuevo presidente para Citgo: Asdrúbal Chávez (primo de Hugo Chávez) y de paso a reconocer el profundo problema de corrupción de la estatal petrolera.
Mientras tanto la tensión pública entre Nicolás Maduro y Rafael Ramírez va en aumento con acusaciones cruzadas de traición y serios cuestionamientos a la gestión económica del país por parte de este último.
¿Quién ha sido Rafael Ramírez?
Ramírez fue el único funcionario en 100 años de historia petrolera venezolana que tuvo en sus manos el Ministerio de Petróleo y PDVSA a un mismo tiempo. Ni siquiera Juan Pablo Pérez Alfonzo, el mítico fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), tuvo un poder parecido.
Desde 2004 y hasta el fallecimiento del expresidente Hugo Chávez fue el segundo hombre fuerte del régimen, por encima de personajes como el diputado Diosdado Cabello y el general en jefe Raúl Isaías Baduel. Con el protagonismo nacional e internacional que Chávez le dio a PDVSA, todo tenía que pasar por él. Desde los 100.000 barriles diarios de crudo que despachaban a Cuba, pasando por los suministros a Petrocaribe y el ALBA, las importaciones de alimentos de PDVAL (una filial de PDVSA creada para ese fin), hasta mantener lubricada la maquinaria clientelar del oficial Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Incluso el fallecido expresidente delegó en él la responsabilidad de coordinador del Órgano Superior de la Vivienda, iniciativa que fue propagandísticamente clave en la reelección presidencial de 2012.
Por esas razones cada vez que lo han cuestionado por su gestión al frente de la industria petrolera responde diciendo: “Si me acusan de corrupción, Chávez estaba allí”. “Todo lo que hice me lo ordenó o lo sabía el expresidente”.
Pues Ramírez tiene razón. Su llegada a la presidencia de PDVSA fue en un momento crítico en la consolidación del régimen de Chávez.
Desde la nacionalización de la industria petrolera venezolana en 1976, PDVSA había preservado su carácter mercantil y profesional, libre de la interferencia política típica de las disputas partidistas venezolanas de la época. Razón por la cual aquella fue, a diferencia por ejemplo de la expropiación petrolera mexicana de 1938, un caso atípico de una nacionalización que no terminó mal. Por lo menos hasta la llegada del binomio Chávez-Ramírez.
Con el propósito de controlar todo el poder, Chávez se empeñó en doblegar la resistencia de la hasta entonces muy autónoma gerencia de la industria, lo que terminó en un conflicto que pasó por el paro petrolero de 2002 y el despido de 20.000 empleados de la nómina mayor. Entre 1999 y 2004 intentó con varios presidentes de PDVSA hasta que dio con el hombre dispuesto a hacer todo lo que él le pidiera, sin esas fastidiosas excusas técnicas y financieras siempre precedidas por el “eso no se puede hacer, Presidente”. Ese hombre fue Rafael Ramírez.
A partir de ese momento PDVSA se dedicó a hacer muchas cosas bastante alejadas de su negocio pero demandadas por el proyecto político.
Otra decisión de Chávez, ejecutada con diligencia por parte de Ramírez, fue la de revertir parcialmente la apertura petrolera de los 90, que había permitido por primera vez la llegada de inversión extranjera al sector desde la nacionalización e incrementar en 600.000 barriles al día la producción de crudo del país para 1998.
Esta es otra política que el chavismo ha impugnado fervientemente en su retórica, calificándola de entreguista. El cambio de las condiciones y los contratos llevó a que varios socios de PDVSA como Exxon y Conocco se fueran del país, mientras llegaban nuevas empresas rusas, chinas y vietnamitas.
Como consecuencia de todas estas acciones la producción petrolera venezolana nunca llegó siquiera a alcanzar la cuota asignada por la OPEP, y mucho menos las metas anunciadas por el propio Ramírez en el Plan Siembra Petrolera de elevar los niveles de producción a cinco millones de barriles al día para 2014.
Durante su gestión la deuda financiera de la empresa estatal pasó de 3.720 millones de dólares a 43.384 millones, y las cuentas por pagar a proveedores de 4.313 millones de dólares a 21.404 millones. Todo eso en medio del mayor auge petrolero de la historia. Y mejor no mencionar los desastres ambientales, las refinerías paradas, incendiadas, mal mantenidas y peor aseguradas.
Por otra parte se descapitalizó la capacidad humana y tecnológica de PDVSA, mientras se buscaron socios para explotar la Faja Petrolífera del Orinoco que demostraron no tener ni el capital, ni la experticia, ni la experiencia necesaria.
Es así como Venezuela es hoy el único exportador importante de petróleo con problemas para pagar su deuda externa y brindarle a su población acceso adecuado a alimentos y medicinas, pese a que la propaganda oficial desde la época de Rafael Ramírez asegura que el país cuenta con las mayores reservas de hidrocarburos del planeta. PDVSA por su parte le está exigiendo a sus empleados reducir costos y gastos a la mitad, disminuir vuelos aéreos, alojamiento en hoteles y hasta gastos en papelería, refrigerios, luz, teléfono y agua.
Es inevitable destacar la responsabilidad de Ramírez, porque aquellos polvos trajeron estos lodos. Como era ministro de Petróleo y presidente de PDVSA se rendía cuentas a sí mismo. Para todo lo demás contaba con la impunidad que brindaba el régimen.
Al inicio de la Presidencia de Maduro su poder llegó casi a la cima cuando, además de sus cargos, se le agregó el de Vicepresidente del Área Económica. Su intención de realizar ajustes para salvar “el modelo socialista” que incluían la subida del precio de los carburantes y la unificación cambiaria lo llevaron a chocar con el ala más radicalmente izquierdista del Gobierno, e incluso con el propio jefe de Estado.
Allí empezó el declive, fue reemplazado de todos los cargos y lo enviaron como jefe de la misión diplomática venezolana a la ONU. Ahora es previsible que la revolución lo haga el chivo expiatorio perfecto de todos los fracasos. Después de todo él estuvo allí.
